#EscándaloDeCorrupción JJ desvío recursos hacia publicidad electoral

José Juan Espinosa Torres, presidente de San Pedro Cholula, utilizó recursos del Gobierno Municipal para pagar la campaña aérea de los candidatos a diputados federales de Movimiento Ciudadano en 2015, cometiendo con ello una violación a la Constitución Política Mexicana.

Según los correos electrónicos enviados entre la titular de Comunicación Social del Gobierno de Cholula, Pilar Pineda, y la empresa de publicidad 1a1 Medios -consentida por el antes llamado Niño Naranja-, el ayuntamiento pago más de un millón y medio de pesos en publicidad en espectaculares, vallas, vallas móviles, playeras y bardas.

Foro Político Digital tuvo acceso a dicha información que confirma que la dirección de Comunicación del ayuntamiento de San Pedro Cholula pagó la publicidad de Luis Alberto Arriaga Lila del Distrito X, Esteban Sánchez del Distrito VII, Irma Ramos del Distrito IV y Karen Abraham del Distrito XI.

Rosa María Brambilia, representante de 1a1Medios, envío el 13 de abril a Pilar Pineda los testigos de la campaña electoral pagada con recursos del municipio:

“Le enviamos un avance de los testigos extra que me acaban de llegar con un mejor formato, que nos han llegado de las campañas publicitarias, en cuanto tengamos lo demás se lo haremos llegar, estaremos en contacto, gracias por su atención, excelente tarde”.

En el Padrón de Proveedores del Gobierno Municipal aparece justamente la empresa 1a1Medios como una de las principales prestadoras de servicios para Comunicación Social del gobierno de San Pedro Cholula.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el que milita Espinosa Torres, tiene como uno de sus principios no robar.

Espinosa se afilió a Morena en septiembre de 2016 y ha mantenido un discurso crítico a actos de corrupción presuntamente cometidos por autoridades estatales.

Sin embargo, el uso de recursos públicos con fines electorales constituye un delito. Los gobiernos no pueden pagar campañas políticas, según lo consagrado en el artículo 134 constitucional.

Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha afirmado que “el desvío de recursos públicos con fines electorales, realizado por funcionarios de gobierno, constituye una violación a la Constitución, por lo cual las autoridades electorales deben sancionar esa conducta”.

Además, tiene como principales prerrogativas “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. El desvió de recursos y la violación flagrante de la constitución representaría justamente una traición y robo al erario cholulteca.

Las imágenes que abajo se muestran son impresiones de pantalla del correo en el que Brambilia reporta a Pineda los "testigos" de la contratación que hizo el ayuntamiento.

El último informe de actividades de José Juan Espinosa también fue anunciado por la misma empresa que ha incrementado la colocación de sus estructuras publicitarias en el municipio de San Pedro.