Llega al Cisen Basbaz, el exjefe de antilavado con pobres resultados
Alberto Bazbaz Sacal, quien fue designado en la dirección del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), es uno de los artífices de la fracasada política de combate al lavado de dinero en México: entre 2013 y 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que él dirigió hasta hoy, interpuso solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero.
Informes recientes del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del gobierno federal mostraron que el gobierno mexicano deja operar con impunidad a los grupos criminales, los políticos corruptos, los evasores fiscales y los demás criminales de cuello blanco, como lo documenta la revista Proceso en su edición 2149 que circula esa semana.
En este esquema deficiente, la UIF -que dirigió Bazbaz- juega un papel fundamental: esta unidad centraliza millones de reportes sobre transacciones bancarias sospechosas y tiene acceso a los datos fiscales de los mexicanos y las empresas, los registros de comercio exterior, los expedientes judiciales y la información corporativa, entre otros.
Según el GAFI, la UIF tiene los “recursos y los conocimientos para recolectar y utilizar una gran variedad de inteligencia”, pero “la diseminación espontánea (de inteligencia) relativa al lavado de dinero y a otros delitos a la PGR es generalmente baja”.
En otras palabras: la UIF genera una enorme cantidad de información -su base de datos tiene más de 650 millones de registros-, pero pocas veces la comparte con la PGR para que ésta persiga los delitos -con una ineficiencia, además, de 98%-.
El GAFI observó que las autoridades mexicanas no consideran a la corrupción como una amenaza importante en materia de lavado de dinero; es decir, no dan prioridad a los delitos perpetrados por servidores públicos, aun cuando surgieron casos muy sonados de desvíos de dinero público en los últimos años.
Con información de Proceso
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