Congreso del Estado recula y desiste de sanción a Lalo Rivera

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Carlos Martínez Amador, reconoció que el Congreso local desistió de la queja 943/2017 del juicio de amparo que promovió el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez por su inhabiliación por 12 años y una sanción económica por 25.5 mdp, debido a que el panorama era "complicado" para el Poder Legislativo.

El presidente del Congreso local, negó que este proceso haya sido a consecuencia de la reunión que sostuvo el gobernador José Antonio Gali Fayad la mañana de hoy jueves con los aspirantes a la gubernatura y alcaldía Martha Erika Alonso y Rivera Pérez para destaparlos como los abanderados rumbo a 2018.

En entrevista posterior a la Sesión Ordinaria indicó que la decisión de haber desistido fue tomada durante su gestión y el área jurídica del Congreso local y no por su antecesor Jorge Aguilar Chedraui.

"Esta decisión de desistir las tomo un servidor y el área técnica del Poder Legislativo. Se tuvo que desistir del juicio de amparo debido a que estaba complicado para el Congreso ganar el caso. Hay que separar la institución del tema político y el Congreso tendrá que acatar la decisión y los aspectos políticos los tendrá que resolver los partidos políticos", sostuvo.

Aseguró que el Congreso local tendrá que acatar lo que ordene la justicia federal y negó que el Legislativo local este 'sometido' a los intereses del jefe del Ejecutivo poblano tras haberle dado su aval al ex presidente municipal para que contienda por la alcaldía rumbo a 2018.

"Sabemos que estamos inmersos en un tema político y como institución hay que ser cuidadosos de lo que se hace como lo que se dice y Lalo está en un proceso legal en el que está haciendo uso de todos los medios para defenderse y a final de cuentas la decisión la toma el tribunal y nosotros seremos respetuosos de lo que sucede", abundó.

Por último, Martínez Amador, rechazó que los amparos a los que recurrió el Congreso local hayan sido para retrasar el proceso jurídico que emprendió contra Eduardo Rivera Pérez tras haberlo inhabilitado y sancionado por supuestas supuestas irregularidades en su cuenta pública 2013.