Texas prepara la ejecución de un mexicano por violar y matar a su prima de 16 años

Si el último intento de sus abogados no lo impide, el ciudadano mexicano Rubén Ramírez Cárdenas será ejecutado esta noche en Texas, mediante una inyección letal, condenado por haber secuestrado, violado y matado a su prima de 16 años hace ya más de dos décadas. El tribunal de Apelaciones rechazó esta semana la petición de nuevas pruebas de ADN por el crimen, que Ramírez Cárdenas confesó en su día.

Los hechos se remontan al 22 de febrero de 1997. La estudiante, Mayra Laguna, fue llevada por la fuerza de la habitación que compartía con su hermana en Rio Grande Valley, en el sur de Texas, y su cuerpo apareció después en un canal cercano a un lago. Según Associated Press, Cárdenas confesó a la policía que él y un amigo se la habían llevado en coche, que él la agredió sexualmente y que, cuando le liberó los brazos para dejarla marchar, ella peleó. Fue entonces cuando, según su relato, la golpeó mortalmente.

Cuando le sacudió en el cuello, según el condenado, la joven empezó a toser sangre y tener dificultades para respirar. Trató de reanimarla sin éxito y la lanzó al canal. "No planeaba hacer esto, pero iba de cocaína", dijo a las autoridades Ramírez Cárdenas, que ahora tiene 47 años.

Los abogados del reo han intentado conseguir que se realice la mencionada nueva prueba de ADN alegando que la realizada en su día ya es obsoleta y que "persisten dudas sobre su culpabilidad y la honestidad de su condena", según AP. También sostienen que la confesión de Cárdenas se obtuvo tras horas de aislamiento en un duro interrogatorio.

La diplomacia mexicana está tratando en paralelo de ayudar al condenado con el argumento de que la detención aquel día no cumplió con los procedimientos legales correctos. Al haber nacido en México, un país sin pena de muerte, Ramírez Cárdenas tenía derecho a hablar y obtener ayuda del Consulado, algo que establece la Convención de Viena, y no se le concedió.

En una rueda de prensa en la capital mexicana el lunes, el viceministro de Exteriores, Carlos Sada, calificó la pena y el procedimiento de "acto ilegal". Sada dijo que no solo buscan frenar la ejecución, sino exonerarle con nuevas pruebas de ADN, para lo que quieren llevar el caso hasta el Supremo de EE UU si es necesario. Un total de 54 ciudadanos mexicanos afrontan la pena capital en suelo estadounidense.

Con información de El País