Rechaza titular de la ASE retraso en el procedimiento que se le sigue a Lalo Rivera

El presidente de la Auditoria Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, rechazó que exista una práctica de "dilación" en el juicio de amparo con el que el ex alcalde panista, Eduardo Rivera Pérez, busca dejar sin efecto el procedimiento de sanción en su contra por las observaciones en su cuenta pública 2013.

El auditor aseguró, que todos los informes que ha requerido el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, se le han entregado en tiempo y forma y no como lo ha denunciado el ex edil del blanzquiazul quien acusó que el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas emprendió esta inhabilitación hasta por 12 años para frenar sus aspiraciones políticas rumbo a 2018.

"Todos los informes de resultados han sido entregados en tiempo y forma. Hay que recordar que todos los actos de autoridad tienen que estar fundados y turnados en los principios de legalidad donde los servidores públicos solamente podemos hacer lo que la ley expresamente nos señala", sostuvo.

En entrevista Villanueva Lomelí, indicó que todas las actuaciones de la Auditoria Superior del Estado han estado apegadas a Conformidad y Derecho lo que significa que están "fundadas y motivadas".

"En todos los procedimientos hay un proceso de ley y cuando otras instancias requieren información, se les ha entregado la información que nos han solicitado", puntualizó.

Sin embargo, en los acuerdos publicados en el Consejo de la Judicatura, el juez federal dejó constancia que la documentación solicitada tanto al Congreso local y la Auditoria Superior del Estado se entregó al cierre de los plazos establecidos, además de que ésta no guarda relación con los actos a juzgar.

Es importante recordar que el juicio de amparo que emprendió Rivera Pérez, ante la instancia federal fue por el incumplimiento del Poder Legislativo y la ASE para responderle, en un plazo no mayor a 30 días debido a que si solventó las observaciones hechas en su cuenta pública 2013, tras el Inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR).

El 5 de abril del año en curso, la Comisión Inspectora aprobó un dictamen que consideró inhabilitarlo por 12 años y sancionarlo económicamente por 25.5 millones de pesos y que fue avalado por las bancadas morenovallistas, incluso por el Grupo Parlamentario del PRI en el Pleno del Poder Legislativo.

Cristopher López