La Federación proyecta recaudar más de 6.2 billones de pesos por impuestos; la Ley Federal de Derechos también fue avalada y enviada al Ejecutivo Federal.
El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, que contempla recursos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, de los cuales 6 billones 263 mil 886.8 millones provendrían del cobro de impuestos.
El dictamen recibió 73 votos a favor y 33 en contra, sin abstenciones, y fue remitido al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes. Los ingresos tributarios representarían aproximadamente el 58.9 por ciento del total previsto para el próximo año.
La aprobación forma parte de la discusión del Paquete Económico 2027, que establece las proyecciones de ingresos, los mecanismos de recaudación y los límites de endeudamiento para el Gobierno Federal durante el siguiente ejercicio fiscal.
Reforma al ISR vuelve a la Cámara de Diputados
A diferencia de la Ley de Ingresos, la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) deberá regresar a la Cámara de Diputados debido a una modificación aprobada por los senadores.
El cambio contempla excepciones a las restricciones sobre deducciones fiscales para determinadas empresas automotrices y del sector gasolinero, cuyos contribuyentes quedarían fuera de algunas limitaciones previstas para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos.
Ahora, los diputados deberán determinar si aceptan o rechazan la modificación incorporada por el Senado antes de que la reforma pueda continuar su proceso legislativo.
Ley Federal de Derechos también fue aprobada
Por otra parte, el Senado avaló la Ley Federal de Derechos sin modificaciones y la remitió al Ejecutivo Federal. Esta legislación actualiza las cuotas que cobra el Estado por determinados servicios y por el uso, goce o aprovechamiento de bienes públicos.
De esta manera, la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos concluyeron su trámite en la Cámara alta, mientras que la reforma al ISR quedó pendiente de una nueva revisión en San Lázaro.
La aprobación de estos ordenamientos define parte de la estructura fiscal con la que el Gobierno Federal prevé financiar sus compromisos, programas y servicios públicos durante 2027.