Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Con 86 votos a favor y 42 en contra, el Pleno avaló modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, con las que se establece que quienes tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
La reforma también contempla que, durante el ejercicio del cargo, la persona no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
No se elimina la doble nacionalidad para los mexicanos
El cambio constitucional no prohíbe la doble nacionalidad para los mexicanos en general. La restricción se concentra en quienes pretendan ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo federal y de las entidades federativas.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó que quienes encabecen estos gobiernos deben mantener un vínculo jurídico exclusivo con México.
La reforma generó debate en el Senado. Mientras legisladores de Morena y sus aliados defendieron la medida bajo argumentos relacionados con la soberanía y el vínculo exclusivo con México, legisladores de oposición cuestionaron que pudiera afectar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes tienen vínculos con comunidades migrantes.
¿Qué sigue?
El proyecto todavía no entra en vigor. Al tratarse de una reforma constitucional, deberá ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados y posteriormente continuar con el procedimiento de declaratoria y publicación correspondiente.
De acuerdo con el régimen transitorio, las nuevas disposiciones están previstas para aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.
La reforma representa un cambio en los requisitos constitucionales para quienes busquen encabezar el Poder Ejecutivo federal, los gobiernos estatales o la Ciudad de México, sin modificar por sí misma el derecho de los ciudadanos mexicanos a contar con doble nacionalidad.