Javier Jiménez Flores, conocido como “El Vikingo” y dirigente de un grupo de comerciantes del Portal de Acatzingo, vuelve a generar atención luego de que trascendiera que ya contaría con una orden de aprehensión, derivada de una carpeta de investigación previamente integrada en su contra.
El caso cobra relevancia por el papel que durante años ha mantenido este grupo de comerciantes en la ocupación del Portal, un espacio público cuya utilización por parte de vendedores es señalada como irregular
De acuerdo con información compartida por comerciantes del propio sector, detrás de esta representación también existirían diversos señalamientos contra quien durante años ha encabezado al grupo. Algunos comerciantes aseguran que habrían sido objeto de cobros periódicos por permanecer o trabajar en el Portal, a los que identifican como “cobro de piso”, además de señalar presuntos actos de presión, extorsión e intimidación.
Estos testimonios también cuestionan el destino de los recursos que presuntamente se habrían obtenido mediante dichos cobros y si éstos corresponden a cuotas legítimas de organización o, por el contrario, se trataría de cobros realizados al margen de cualquier autorización.
El tema va más allá de una persona. Durante años, la ocupación del Portal ha generado cuestionamientos sobre quién autoriza el uso de este espacio público, bajo qué condiciones y quién obtiene beneficios económicos derivados de su utilización.
La orden de aprehensión vuelve a colocar estos cuestionamientos en el centro de la discusión y abre la posibilidad de revisar las condiciones en las que se ha mantenido la actividad comercial en este espacio.
Los comerciantes que han compartido esta información también demandan que, en caso de existir cobros indebidos, amenazas o cualquier otra conducta constitutiva de delito, se investigue a fondo y se determine quiénes resulten responsables, sin importar el cargo o posición que hayan ocupado dentro de la organización ya que trasciende que su hija, Mónica Jiménez Castro, igual cuenta con una carpeta de investigación.
El debate de fondo para Acatzingo permanece abierto: ordenar el uso del espacio público, garantizar condiciones dignas para quienes trabajan y evitar que cualquier grupo o dirigente pueda convertir un espacio de todos en una fuente de beneficio particular.