Puebla, Pue.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla destituyó e inhabilitó temporalmente a siete servidores públicos por incurrir en diversas faltas administrativas, principalmente por no presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las sanciones fueron resultado de procedimientos
administrativos realizados por la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades,
la cual determinó que los funcionarios incumplieron obligaciones legales
durante el ejercicio de sus cargos.
Entre los casos destaca el de Ana María N., trabajadora del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), quien fue destituida e inhabilitada
por cinco meses y doce días tras acreditarse que presentó una cédula
profesional que no correspondía a su identidad ni al grado académico requerido
durante un proceso escalafonario. La autoridad consideró que dicha conducta
vulneró los principios de lealtad e integridad que deben regir el servicio
público.
Asimismo, Carlos N., adscrito a la Secretaría de
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, fue destituido e inhabilitado
por seis meses por no presentar su declaración patrimonial al concluir su
encargo.
En tanto, Cristian N., de la Secretaría de Seguridad
Pública, recibió una sanción de destitución e inhabilitación por cuatro meses y
24 días por la misma omisión.
Las medidas disciplinarias también alcanzaron a personal de
la Secretaría de Bienestar. Erika N. fue destituida por no presentar su
declaración patrimonial de inicio, mientras que José Edmundo N. fue separado
del cargo e inhabilitado por cinco meses y doce días al incumplir con la
declaración de conclusión.
En el organismo público descentralizado Convenciones y
Parques, José Ismael N. fue destituido e inhabilitado por cinco meses y doce
días, y Julián Manuel N. recibió la misma sanción con una inhabilitación de
cinco meses y 19 días, ambos por omitir la presentación de su declaración
patrimonial al término de sus funciones.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que
todas las resoluciones se emitieron conforme al marco legal y respetando el
debido proceso, por lo que las personas sancionadas conservarán el derecho de
impugnar las determinaciones a través de los mecanismos jurídicos
correspondientes.
Finalmente, la dependencia reiteró que continuará aplicando
la ley para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la
administración pública estatal, además de exhortar a la ciudadanía a denunciar
posibles actos de corrupción mediante la plataforma Prointegridad, como parte
de las acciones para reforzar la vigilancia sobre el desempeño de los
servidores públicos.