Retórica
Lupita Cuautle, otra raya
más al tigre
Alberto
Rocha Vázquez
Lo que
inició como un caso de evidente abuso policial en San Andrés Cholula terminó
exhibiendo algo mucho más grave: la aparente disposición del poder para
vulnerar derechos fundamentales con tal de ganar una batalla mediática.
La
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ya no sólo investiga el uso
de la fuerza contra una madre de familia detenida frente a sus hijos. Ahora
también indaga la posible filtración ilegal de videos e información personal de
la víctima, una acción que vulnera principios básicos como la presunción de
inocencia, la dignidad humana y el derecho a la privacidad.
Resulta
preocupante que, en lugar de garantizar un proceso institucional transparente,
algunos actores políticos hayan preferido convertir el caso en un espectáculo
público. La diputada Nay Salvatori optó por apoyar a la afectada debido a la
agresividad de los policías, no defendió su supuesto estado de ebriedad, pero
de inmediato los bots al servicio del gobierno sanandreseño desviaron la atención
de la actuación policial y alimentaron una narrativa que terminó politizando aún
más el conflicto.
Pero el
problema va mucho más allá. La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿quién
autorizó que material grabado dentro de instalaciones de seguridad pública
terminara circulando públicamente? Porque si los videos efectivamente salieron
de la corporación municipal, estaríamos frente a una filtración extremadamente
delicada que compromete la legalidad, la ética institucional y la confianza
ciudadana.
La
paradoja es evidente. En el intento por justificar la actuación de sus
policías, el gobierno municipal terminó abriendo una crisis de mayores
dimensiones. Lo que buscaba ser una estrategia de control de daños terminó
provocando nuevas investigaciones, cuestionamientos sobre el manejo de
información sensible y un desgaste político que alcanza directamente a la
administración de Lupita Cuautle.
La
lección es simple: cuando una autoridad intenta defenderse violando derechos,
el problema deja de ser el incidente original y se convierte en un asunto de
credibilidad institucional. Y esa, una vez perdida, es mucho más difícil de
recuperar que cualquier crisis mediática.
Lo peor,
es que en San Andrés Cholula, ya se normalizó que los policías abusen de manera
escandalosamente impune, ya que para la alcaldesa es preferible callar y seguir
saliendo en medios y redes sociales sonriendo, minimizando el holocausto que se
le viene.
Sino, al
tiempo.
